República de ideas

¿Y la Grand Cherokee apá?

Alejandro Guillén Reyes

Las camionetas de lujo que se compraron los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, valuadas en 2.4 millones de pesos y adquiridas con dinero del pueblo, son una muestra de cómo a la falta de legitimidad en su elección le siguen los actos de corrupción de la palabra.

Recordemos que los actuales ministros surgieron del inequitativo y tramposo proceso electoral de 2024, en el cual, de los casi cien millones de mexicanos con credencial de elector, solo alrededor de 6 millones votaron por ellos y lo hicieron mediante el uso de los llamados “acordeones” que fueron distribuidos desde distintas oficinas del gobierno.

Durante este proceso, se eslabonó una cadena de atropellos que terminó por imponerle a la sociedad mexicana una reforma al poder judicial, producto de una sobrerrepresentación inconstitucional en la Cámara de Diputados y una serie de arreglos gangsteriles en la Cámara de Senadores. Esto le permitió al grupo gobernante hacerse de las mayorías calificadas necesarias para poder modificar la Constitución.

Así lograron imponer la reforma al poder judicial, justificada a través de la crítica mordaz en contra de los anteriores ministros, a quienes se señalaba de tener una vida llena de lujos y privilegios, mientras que se aseguraba que los nuevos ministros, al ser elegidos por el pueblo, gozarían de una mayor legitimidad y su forma de vida seguiría los ideales de austeridad republicana y estaría al nivel de vida del pueblo de México.

Todo este discurso, como era de suponerse, terminó en otro fraude. Pasaron del fraude electoral al timo de la “austeridad republicana”.

Ha sido tal la indignación en la opinión pública por la compra de las camionetas blindadas, que hoy los ministros ya no saben cómo deshacerse de ellas.

Paralelamente, observamos que la mayoría de ellos, más que guiarse por la Constitución, los principios generales del derecho, la jurisprudencia o la doctrina de los expertos, argumentan y toman decisiones con base en dogmas ideológicos.

Esto es apenas una pequeña muestra de lo caro que nos está saliendo el nuevo poder judicial; de hecho, ya es un obstáculo para el crecimiento económico del país y la generación de nuevos empleos. ¿Quién quiere invertir su dinero o poner una empresa en un país en el que los jueces ya tienen cargados los dados en favor del gobierno?

Espere usted el momento en que se acumulen decisiones cada vez más cercanas a lo que el gobierno les dicta y cada vez más alejadas de lo que es la justicia y la protección de los derechos humanos. El costo que vamos a pagar por este nuevo poder judicial será altísimo y nos obligará más temprano que tarde a tener que cambiarlo por otro poder judicial.

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