FGR. Dos caras de la misma moneda
Enrique Cárdenas Sánchez
La “renuncia por causas graves” de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República y la designación como “encargada del despacho” de Ernestina Godoy muestran la marca de la casa: ilegalidad, simulación y concentración del poder.
En una cara de la moneda, hay quienes ven en la designación una acertada decisión, pues habrá “coordinación” entre la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch y la recién designada fiscal Ernestina Godoy.
Se habla de los excelentes resultados que obtuvieron en su gestión en la Ciudad de México durante el sexenio pasado, en el que presuntamente se contuvo la inseguridad, se abatieron los casos de secuestro y se mejoró la seguridad pública en general.
Se argumenta que dicha coordinación hace mucha falta en la lucha contra la delincuencia a nivel nacional para apuntalar la nueva política de mayor confrontación con los grupos criminales.
De hecho, dirían algunas voces, es preferible la eliminación de la autonomía de la Fiscalía en el momento actual. Se dice que ello repercute en mejores operativos y mayor inteligencia para combatir a los delincuentes y al crimen organizado.
Todo esto puede tener un elemento de verdad, pues la verticalidad en las decisiones operativas frecuentemente resulta en mejores resultados. No ocurre necesariamente lo mismo en las decisiones estratégicas, donde diversas voces y enfoques tienden a mejorar el desempeño global de las organizaciones o los equipos de trabajo.
La otra cara de la moneda, más allá de la ilegalidad y simulación que caracterizaron la “renuncia” del exfiscal Gertz, ya de por sí fuera del marco jurídico, entraña un doble problema mucho más serio y perturbador.
En primer lugar, este gobierno y el anterior han dado múltiples muestras de trabajo “selectivo”, “pecados de omisión”, fabricación de evidencia y presión sobre los jueces por parte del Poder Ejecutivo y de las fiscalías General de la República y de la Ciudad de México (con responsabilidades variadas también por parte de las fiscalías de los estados).
Esta evidencia —esta experiencia— que ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, opositores políticos y un largo etcétera han sufrido es abultada e incontrovertible. Ha sucedido en el pasado, en los gobiernos del PRI e incluso del PAN, pero las escalas son notablemente distintas.
Es cierto: en nuestro maltrecho régimen político y jurídico, el poder político se ha entremezclado con la procuración de justicia para dar lugar a impunidad en unos casos, injusticia en otros y persecución en otros más.
Por eso, diversos grupos de la sociedad civil pugnaron por la independencia de la FGR del presidente de la República, con la idea de minimizar la persecución política o la aplicación (o no) de la ley al gusto del Ejecutivo.
Se buscaba que todos fuéramos iguales ante la ley y que los excesos del poder pudieran acotarse mediante una fiscalía profesional e independiente del poder político.
La realidad fue otra con el fiscal Gertz Manero, quien se excedió numerosas veces en sus funciones: usó su poder institucional para presionar y encarcelar enemigos personales, otorgar favores judiciales o cobrar deudas pendientes de manera arbitraria e implacable.
Además, actuó en “coordinación” con el Ejecutivo para ignorar casos en los que estaba directa o indirectamente involucrado, o bien contribuyó a la fabricación de pruebas para encarcelar a personajes con quienes el Ejecutivo tenía cuentas pendientes.
En segundo lugar, el nombramiento de Ernestina Godoy es una muestra de la marca del régimen de la 4T y ha merecido litros de tinta de periodistas y opinadores públicos.
En numerosos escritos se ha documentado su falta de ética personal en sus estudios de licenciatura, el hacerse de la vista gorda en casos como el del Rébsamen o la tragedia de la Línea 12 del Metro, así como la fabricación de casos para vendettas personales de otros funcionarios, incluido el propio Gertz Manero, entre muchos otros.
Es decir, ha ejecutado lo que ha hecho falta en “coordinación” con el Ejecutivo o con otros poderosos del régimen para usar la fuerza del Estado en beneficio de su partido, su carrera política o incluso su pecunio personal.
No hay ninguna razón para pensar que actuará con mínima probidad, con cierta independencia del poder político y con apego a la legalidad.
Se vienen tiempos difíciles para quienes, de una manera u otra, el régimen considera oponentes, disidentes o simplemente personas que, por su profesión o actividad cívica, le estorban.
Con esta decisión se da una vuelta de tuerca más a un régimen que acumula instrumentos para ejercer su poder de forma absoluta y sin contrapesos. Los tiempos en que aspirábamos a una procuración de justicia profesional, eficaz y autónoma del poder político han quedado atrás por un periodo indeterminado.
@ECardenasPuebla
ESTA COLUMNA SE PUBLICA QUINCENALMENTE